Antonio J. Porras Nadales
Son una figura
algo antigua y lejana, aunque afortunadamente recuperada recientemente por los
economistas Acemoglu y Robinson: a finales del siglo XIX, tras los grandes
acontecimientos que tuvieron lugar en la economía de los Estados Unidos (desde
la guerra civil a la construcción del ferrocarril) aparecieron los grandes
capitalistas y millonarios que luego, durante el siglo XX, marcarían el rumbo
de la economía mundial. Eran las grandes familias de los Rockefeller, los
Carnegie, Vanderbilt, Morgan o Mellon, etc., a quienes se les comenzó a
denominar peyorativamente como “barones ladrones”, recordando expresiones de la
antigua nobleza medieval europea. Fue sorprendente la forma tan crítica y
directa como comenzaron a utilizarse estas expresiones descalificadoras, y su
gran proyección colectiva; seguramente porque contaron con el apoyo del
movimiento “popular” que tuvo una presencia dominante a finales del siglo XIX,
dentro de lo que fue (o pudo ser) la génesis de una auténtica izquierda
norteamericana.
No se trató
simplemente de un puro movimiento de protesta social sino de algo más: porque
tras la protesta social desencadenada emergió, sobre todo a partir de Theodore
Roosevelt a comienzos del siglo XX, toda una respuesta política en forma de
leyes anti-monopolio. El propio movimiento popular acabó siendo absorbido por
el partido demócrata, lo que explica la inexistencia en USA de partidos de
izquierda similares a los europeos. Y de este modo, lo que tradicionalmente
hemos percibido en Europa como una legislación en defensa del libre mercado,
esa famosa legislación anti-monopolio tan típicamente liberal, contenía en
realidad una orientación política evidente: se trataba de limitar el poder
excesivo de una minoría que, trepando entre los gastos de la industria de
armamento durante la guerra civil y la posterior expansión siderúrgica del
ferrocarril y del desarrollo industrial, se había convertido en una casta
dominante dotada de un poder excesivo, que ponía en cuestión el ideal liberal
de una sociedad de mercado concurrencial y atomizada.
Por eso desde
entonces los manuales norteamericanos sobre “buen gobierno” (por ejemplo,
Waever y Rockmann) consideran que una de las tareas imprescindibles de un buen
gobierno consiste en frenar o imponer pérdidas a los más poderosos. Es la
categoría de la “loss imposition”, donde se refleja de forma inversa una
cierta búsqueda de la igualdad que, si en Europa se proyectó como un intento de
elevar a los niveles bajos de la sociedad, en Estados Unidos parecía más bien
un intento de frenar a los más poderosos.
Un siglo después, aquellos viejos “rober barons”
del siglo XIX, enriquecidos con la revolución industrial norteamericana,
parecen hoy simples aficionados o modestos ahorradores de provincias al lado de
la nueva hornada de tecno-oligarcas alimentados por la revolución de las
comunicaciones y las redes de internet: sus cifras de negocio resultarían
ridículas si se comparan con las de los Musk, Zuckerberg u otros. En este
escenario teóricamente cualquiera podría esperar que, ya desde hace décadas, la
vieja legislación anti-monopolio norteamericana habría debido ponerse en marcha
desplegando sus previsiones normativas para frenar a estos nuevos sectores de
poderosos, a base de pura “loss imposition”. Sin embargo, resulta que,
en el contexto presente, de “barones ladrones” no hay hasta ahora el menor
rastro, lo mismo que no hay nada de loss imposition: al contrario, los
oligarcas propietarios de las nuevas grandes corporaciones se han convertido
más bien en figuras prestigiosas y populares que reciben una atención mediática
generalizada, suscitando la admiración y el respeto del gran público.
¿Por qué? ¿Qué hay de diferente entre la época de finales
del siglo XIX y la de finales del siglo XX para que situaciones similares
susciten respuestas tan divergentes? O mejor, la ausencia de respuesta si nos
situamos en el contexto presente.
Parece que ahora
a nadie le molesta la excesiva riqueza de ciertos personajes, y el ideal de la
“loss imposition” entendida como una tarea de responsabilidad pública ha
decaído sin dejar huella. No le preguntamos a nuestros gobiernos, a la hora de
hacer un balance de su actuación, si han frenado o provocado pérdidas a los más
poderosos. En todo caso, son tareas que tan sólo tímidamente parece abordar la
Unión Europea; pero desde luego, el viejo nervio comunitario y “republicano”
del pueblo estadounidense parece haberse esfumado por completo.
Lógicamente sólo nos cabe pensar en la distinta cultura
que preside la sociedad del siglo XIX frente a la del siglo XX. La sociedad
decimonónica parecía ser, en efecto, una sociedad fuerte, con recursos activos
para diagnosticar y responder a situaciones de injusticia social, y con
capacidad de movilización directa en acciones de protesta. Mientras que la
sociedad del siglo XX, nacida en el contexto del Estado social, se configura no
sólo como una sociedad menesterosa (menesterosidad es precisamente el
diagnóstico que, a partir de Forsthoff, justifica la posición activa del Estado
social como generador de bienestar ante una sociedad dependiente), sino además
como una sociedad manipulada tras el apogeo de los grandes medios de
comunicación de masas, especialmente de la televisión. Un entorno, el del siglo
XX, que ha suscitado al cabo del tiempo el escenario de una sociedad pasiva,
manipulada o “aborregada”, dedicada a la mera contemplación del espectáculo de
la realidad representado en la televisión. Una sociedad débil que carecería de
la enérgica voluntad de movilización y respuesta que demostraron las sociedades
del siglo XIX.
Sólo quedaría por preguntarse si, ya en pleno siglo XXI,
y el contexto movilizador de las nuevas tecnologías o de la inteligencia
artificial, no aparecen algunos síntomas de reactivación de la sociedad: algo
que acaso se habría demostrado explosivamente en fenómenos con las revoluciones
de los colores o la primavera árabe; o incluso más recientemente en las
movilizaciones de chalecos amarillos o de estudiantes de secundaria en Francia
y otros países. En tal caso sólo cabría preguntarse cuánto tardarán en
movilizarse activamente en Estados Unidos para frenar a los nuevos oligarcas.
A no ser que a
las nuevas dinámicas de movilización social se esté respondiendo ya con nuevos
mecanismos de manipulación, no ya de masas (como en el siglo XX) sino a través
de redes o de forma individualizada, utilizando los instrumentos del big
data que manejan los propietarios de las grandes redes comunicativas y
comerciales.
Seguramente ha llegado la hora de dilucidar si los
ciudadanos del siglo XXI somos capaces de enfrentarnos al apogeo de los nuevos
barones ladrones.
