DUALISMOS Y TRINCHERAS



Antonio J. Porras Nadales

Octubre 2026

Es una dinámica inevitable que parece reproducirse a lo largo del tiempo: los seres humanos nos agrupamos en formas más o menos tribales y entramos con frecuencia en una tensión de enfrentamientos que se suele abordar de forma dual; de donde se suscitan toda una serie de dualismos que, llevados hasta el extremo, pueden acabar desencadenando una dinámica de trincheras. Los politólogos han clasificado la serie histórica de los principales conflictos en: guerras de religión, lucha de clases y conflictos de tipo cultural-territorial.

El hecho de que tal dinámica de enfrentamientos haya suscitado a veces tragedias colectivas, como nuestra guerra civil de 1936, no parece preocuparnos demasiado: hoy, casi un siglo después, seguimos en España atizándonos en clave guerracivilista, reforzando una dinámica de trincheras entre derechas e izquierdas que nos retrotrae a una retórica vieja y algo casposa, donde parece reproducirse un viaje hacia ninguna parte que discurre por un entorno lejano, de aroma decimonónico, completamente desfasado.

Y es que a veces no nos damos cuenta de que reforzar y reiterar la dialéctica de trincheras resulta ser al final una forma de cabalgar decididamente hacia el pasado, reproduciendo el imaginario de una eternas y recurrentes “guerras carlistas”, memoria difusa de lejanas épocas, cuando el liberalismo urbano se atizaba reiteradamente contra el carlismo rural.

Parecía que a lo largo del siglo XX, cuando el sistema de conflictos derivó nada menos que en dos guerras mundiales, se habría conseguido aprender y avanzar algo en este dilema: y así el más clásico de los conflictos, la dualidad entre lo público y lo privado, habría encontrado nuevos cauces de encuadramiento. Y es que ya no se trataba tanto de defender o mantener ambas esferas, sino más bien de cómo la esfera de lo público puede hacerse presente desencadenando su influencia sobre la esfera de lo privado. Fue la categoría de la función social de la propiedad, que cabalgó durante el siglo XX sustentando el modelo de Estado social. Y fue también la aportación de la cultura de los derechos humanos, entendidos como categorías superadoras de la dualidad entre lo público y lo privado; o mejor, como proyección de lo público sobre la esfera privada. O sea, valores humanos que rompen con la dialéctica de trincheras, para imponerse de forma prioritaria en todos los ámbitos, públicos y privados.

Pero a veces da la impresión de que nuestra percepción de estos cambios históricos no es suficiente: y por eso nos empeñamos en reforzar la dialéctica de trincheras, olvidando que ésta constituye una dualidad arcaica y desfasada. Como olvidamos también, aunque parezca extraño, que existen ciertos tipos de derechos que en el fondo son “de derechas”: lo que sucede con las categorías de derechos propios de la intimidad o la privacidad, emanación del más antiguo y radical de todos ellos, el derecho de propiedad.

Seguramente el problema consiste en que la historia de las últimas décadas del siglo XX, o de comienzos del XXI, no ha generado unos resultados satisfactorios en la cultura de los derechos: la deriva del llamado constitucionalismo “bolivariano”, consistente en universalizar hasta el paroxismo los tipos y figuras de derechos, ha acabado al final generando el previsible efecto negativo: cuando son tantos, los derechos pierden parte de su valor y de su vigencia extraordinaria y prioritaria. O sea, viene a ser como si cuando todos tenemos derecho a todo parecería que, al final, no tuviéramos derecho a nada…

Y entonces la cuestión será que nos estamos enfrentando a categorías o instrumentos jurídicos nuevos con esquemas mentales que proceden del pasado, contribuyendo así a frenar la evolución constructiva de las cosas.

No se trata de realidades remotas, sino de conflictos dotados de la más inmediata actualidad: por ejemplo, si tiene usted un problema grave a la hora de atender a su suministro de energía, de electricidad o de gas; si le cortan a usted la electricidad, se queda en un estado de precariedad que le empuja a pedir socorro, y no digamos si tiene usted hijos. Acude presuroso al Defensor del Pueblo Andaluz a pedir ayuda; descubre usted que nuestro generoso Estatuto de Autonomía reconoce en efecto algunos derechos sociales y de bienestar que pueden ser defendidos por el citado Defensor del Pueblo Andaluz. Pero tras presentar la correspondiente queja, recibirá una cortés respuesta diciéndole que el Defensor no puede ayudarle porque la reclamación que usted pretende afecta a la esfera privada de una empresa, que es la suministradora de luz o de gas.

La trinchera entre lo público y lo privado le ha estallado a usted delante de sus ojos, y el Defensor se escuda cómodamente en la constatación de que sólo puede moverse en el terreno de lo público, en el control de la administración, no de las empresas privadas. O sea, que al final se quedará usted impávido al comprobar que el Defensor acaba apostando por la no-acción. Y su derecho a la vivienda digna, al bienestar o a la asistencia, se hunde derrotado ante la vieja dualidad o más bien trinchera entre lo público y lo privado.

            Usted se sorprenderá con justicia de que a estas alturas del siglo XXI nuestro ordenamiento jurídico no haya sabido moverse y transformarse para priorizar adecuadamente los derechos humanos reconocidos por la Constitución o el Estatuto, adecuándolos a un entorno que pueda ser superador de la dualidad entre lo público y lo privado. Usted se plantea cómo es posible que no hayamos sabido aún superar esa dialéctica de fronteras que se reproduce a lo largo del tiempo: un problema que ha cabalgado durante el siglo XX en el interminable debate acerca de la llamada “drittwirkung” o eficacia horizontal y ante terceros de los derechos fundamentales. ¿Cómo es posible que el Defensor del Pueblo no pueda tirarle de las orejas a las compañías privadas que nos suministran ciertos servicios básicos, cuando sí puede hacerlo, por ejemplo, con el director general de una Consejería o con un alcalde o alto cargo público cualquiera?

            Será que acaso los derechos de bienestar no son capaces de mantenerse erguidos como valores prioritarios ante el sector privado; o será también que, sumergidos en una dialéctica colectiva de fronteras, no hemos sabido abrir ventanas entre ambas esferas. Ya lo decían los famosos economistas Acemoglu y Robinson cuando hablaban del pasillo estrecho que debe existir en las relaciones entre Sociedad y Estado: se requerirían abundantes ventanas de comunicación entre ambas esferas, y no trincheras enfrentadas destinadas a incomunicarse hasta la eternidad.

La trinchera entre lo público y lo privado es una falsa frontera que nos sigue sumergiendo en escenarios arcaicos y desfasados, donde se acaban generando consecuencias imprevistas de carácter negativo.