Antonio J. Porras Nadales
Octubre 2026
Es una dinámica
inevitable que parece reproducirse a lo largo del tiempo: los seres humanos nos
agrupamos en formas más o menos tribales y entramos con frecuencia en una
tensión de enfrentamientos que se suele abordar de forma dual; de donde se
suscitan toda una serie de dualismos que, llevados hasta el extremo, pueden
acabar desencadenando una dinámica de trincheras. Los politólogos han
clasificado la serie histórica de los principales conflictos en: guerras de
religión, lucha de clases y conflictos de tipo cultural-territorial.
El hecho de que
tal dinámica de enfrentamientos haya suscitado a veces tragedias colectivas,
como nuestra guerra civil de 1936, no parece preocuparnos demasiado: hoy, casi
un siglo después, seguimos en España atizándonos en clave guerracivilista,
reforzando una dinámica de trincheras entre derechas e izquierdas que nos
retrotrae a una retórica vieja y algo casposa, donde parece reproducirse un
viaje hacia ninguna parte que discurre por un entorno lejano, de aroma
decimonónico, completamente desfasado.
Y es que a veces
no nos damos cuenta de que reforzar y reiterar la dialéctica de trincheras
resulta ser al final una forma de cabalgar decididamente hacia el pasado,
reproduciendo el imaginario de una eternas y recurrentes “guerras carlistas”,
memoria difusa de lejanas épocas, cuando el liberalismo urbano se atizaba
reiteradamente contra el carlismo rural.
Parecía que a lo
largo del siglo XX, cuando el sistema de conflictos derivó nada menos que en
dos guerras mundiales, se habría conseguido aprender y avanzar algo en este
dilema: y así el más clásico de los conflictos, la dualidad entre lo público y
lo privado, habría encontrado nuevos cauces de encuadramiento. Y es que ya no
se trataba tanto de defender o mantener ambas esferas, sino más bien de cómo la
esfera de lo público puede hacerse presente desencadenando su influencia sobre
la esfera de lo privado. Fue la categoría de la función social de la propiedad,
que cabalgó durante el siglo XX sustentando el modelo de Estado social. Y fue
también la aportación de la cultura de los derechos humanos, entendidos como
categorías superadoras de la dualidad entre lo público y lo privado; o mejor,
como proyección de lo público sobre la esfera privada. O sea, valores humanos
que rompen con la dialéctica de trincheras, para imponerse de forma prioritaria
en todos los ámbitos, públicos y privados.
Pero a veces da
la impresión de que nuestra percepción de estos cambios históricos no es
suficiente: y por eso nos empeñamos en reforzar la dialéctica de trincheras,
olvidando que ésta constituye una dualidad arcaica y desfasada. Como olvidamos
también, aunque parezca extraño, que existen ciertos tipos de derechos que en
el fondo son “de derechas”: lo que sucede con las categorías de derechos
propios de la intimidad o la privacidad, emanación del más antiguo y radical de
todos ellos, el derecho de propiedad.
Seguramente el
problema consiste en que la historia de las últimas décadas del siglo XX, o de
comienzos del XXI, no ha generado unos resultados satisfactorios en la cultura
de los derechos: la deriva del llamado constitucionalismo “bolivariano”,
consistente en universalizar hasta el paroxismo los tipos y figuras de
derechos, ha acabado al final generando el previsible efecto negativo: cuando
son tantos, los derechos pierden parte de su valor y de su vigencia
extraordinaria y prioritaria. O sea, viene a ser como si cuando todos tenemos
derecho a todo parecería que, al final, no tuviéramos derecho a nada…
Y entonces la
cuestión será que nos estamos enfrentando a categorías o instrumentos jurídicos
nuevos con esquemas mentales que proceden del pasado, contribuyendo así a
frenar la evolución constructiva de las cosas.
No se trata de
realidades remotas, sino de conflictos dotados de la más inmediata actualidad:
por ejemplo, si tiene usted un problema grave a la hora de atender a su
suministro de energía, de electricidad o de gas; si le cortan a usted la
electricidad, se queda en un estado de precariedad que le empuja a pedir
socorro, y no digamos si tiene usted hijos. Acude presuroso al Defensor del
Pueblo Andaluz a pedir ayuda; descubre usted que nuestro generoso Estatuto de
Autonomía reconoce en efecto algunos derechos sociales y de bienestar que
pueden ser defendidos por el citado Defensor del Pueblo Andaluz. Pero tras
presentar la correspondiente queja, recibirá una cortés respuesta diciéndole
que el Defensor no puede ayudarle porque la reclamación que usted pretende
afecta a la esfera privada de una empresa, que es la suministradora de luz o de
gas.
La trinchera entre
lo público y lo privado le ha estallado a usted delante de sus ojos, y el
Defensor se escuda cómodamente en la constatación de que sólo puede moverse en
el terreno de lo público, en el control de la administración, no de las
empresas privadas. O sea, que al final se quedará usted impávido al comprobar
que el Defensor acaba apostando por la no-acción. Y su derecho a la vivienda
digna, al bienestar o a la asistencia, se hunde derrotado ante la vieja
dualidad o más bien trinchera entre lo público y lo privado.
Usted se sorprenderá con justicia de que a estas alturas
del siglo XXI nuestro ordenamiento jurídico no haya sabido moverse y
transformarse para priorizar adecuadamente los derechos humanos reconocidos por
la Constitución o el Estatuto, adecuándolos a un entorno que pueda ser
superador de la dualidad entre lo público y lo privado. Usted se plantea cómo
es posible que no hayamos sabido aún superar esa dialéctica de fronteras que se
reproduce a lo largo del tiempo: un problema que ha cabalgado durante el siglo
XX en el interminable debate acerca de la llamada “drittwirkung” o
eficacia horizontal y ante terceros de los derechos fundamentales. ¿Cómo es
posible que el Defensor del Pueblo no pueda tirarle de las orejas a las
compañías privadas que nos suministran ciertos servicios básicos, cuando sí
puede hacerlo, por ejemplo, con el director general de una Consejería o con un
alcalde o alto cargo público cualquiera?
Será que acaso los derechos de bienestar no son capaces
de mantenerse erguidos como valores prioritarios ante el sector privado; o será
también que, sumergidos en una dialéctica colectiva de fronteras, no hemos
sabido abrir ventanas entre ambas esferas. Ya lo decían los famosos economistas
Acemoglu y Robinson cuando hablaban del pasillo estrecho que debe existir en
las relaciones entre Sociedad y Estado: se requerirían abundantes ventanas de
comunicación entre ambas esferas, y no trincheras enfrentadas destinadas a
incomunicarse hasta la eternidad.
La trinchera
entre lo público y lo privado es una falsa frontera que nos sigue sumergiendo
en escenarios arcaicos y desfasados, donde se acaban generando consecuencias
imprevistas de carácter negativo.
