Urge tomar medidas de mejora del sistema educativo público andaluz.


Carlos Gentil.

El batacazo, nuevamente, de los resultados del estudiantado andaluz en Ciencias, Matemáticas y Lectura evidencia, como se viene denunciando desde hace tiempo, que la educación pública andaluza necesita un cambio profundo. En Comprensión lectora, Andalucía obtiene 441 puntos, lo que supone 10 por debajo de la media en España (451) y 20 por debajo de la media en la OCDE (461). En Ciencias (462) nos quedamos 15 puntos por debajo de la media en España (477) y 20 por debajo de la media en los países de la OCDE. Por último, en Comprensión matemática, Andalucía cae 15 puntos por debajo de la media española con 442 puntos frente a los 457 de la media en España.

Combinando las tres materias Andalucía se sitúa nuevamente a la cola del territorio español, ocupando el puesto 14 y retrocede además con respecto a los resultados del informe PISA del año 2022, con -11 puntos en Ciencias, -15 en Matemáticas y -20 en Lectura. Este retroceso en Lectura no es un dato aislado: coincide con la caída más pronunciada de toda la serie histórica también a nivel estatal, donde España pierde 23 puntos en esta competencia frente a una media de solo 14 en la OCDE, el equivalente a un curso escolar completo de aprendizaje perdido en apenas tres años. Que sea precisamente Lectura la competencia que más se hunde, tanto en España como en Andalucía, obliga a preguntarse si además de las causas ya conocidas no está operando un factor más de fondo: el choque entre un instrumento de evaluación que exige sostener la atención sobre textos largos y argumentaciones extensas, y una generación que se relaciona con la información de manera predominantemente visual, breve y fragmentada. Este fenómeno, señalado ya por la propia OCDE y vinculado al uso intensivo del móvil, no sustituye a las causas estructurales que veníamos denunciando, pero sí añade una capa de explicación que atraviesa a todo el alumnado por igual, con independencia de su origen social, y que exige respuestas pedagógicas específicas en el aula, además de las inversiones que reclamamos.

El informe arroja también datos sobre el índice socioeconómico y cultural (ISEC) de los países participantes, siendo el de España (-0,06) similar al total de la UE (0,07) y al promedio de la OCDE (-0,01). Sin embargo, en el análisis por CCAA Andalucía se encuentra a la cola de España con un ISEC del -0,31. La correlación entre las puntuaciones y el ISEC es clara: a menor valor del índice peores resultados académicos, es decir, las desigualdades socioeconómicas tienen un claro impacto sobre el rendimiento académico. Ahora bien, el hecho de que el deterioro en Lectura no se concentre solo en el alumnado más desfavorecido, sino que afecte también con fuerza a los sectores socioeconómicos más altos, confirma que la brecha de origen social y el nuevo hábito de consumo fragmentado de la información son fenómenos distintos que se suman y se retroalimentan en el caso andaluz: quien parte de un ISEC más bajo, como ocurre de forma generalizada en Andalucía, acumula ambas desventajas a la vez. Reducir esta brecha y garantizar que la educación pública siga siendo el motor del ascensor social en Andalucía pasa, por tanto, por implantar políticas educativas eficaces que requieren de una financiación suficiente que garantice un sistema educativo más inclusivo e igualdad de oportunidades de aprendizaje. La falta de mejoras estructurales del sistema educativo público andaluz no hace sino perpetuar y aumentar la brecha existente con el resto del territorio español y dentro de Andalucía, donde cada vez más el nivel socioeconómico del alumnado, en un sistema cada vez más privatizado en algunas etapas, está determinando su rendimiento escolar y su futuro.

A este cuadro hay que sumar una segunda causa de fondo, tan incómoda como la anterior: si el alumnado actual tolera cada vez peor los modelos centrados en la mera transmisión de contenidos y necesita de más protagonismo y participación activa, cabe preguntarse si el profesorado andaluz cuenta con la formación inicial y continua, y sobre todo con las condiciones laborales, necesarias para sostener un modelo más participativo. La evidencia disponible es clara en un punto: un enfoque activo o de indagación solo funciona cuando el docente puede ofrecer objetivos definidos, andamiaje y retroalimentación constante; cuando se plantea como exploración abierta sin la estructura ni el acompañamiento necesarios, el resultado es peor que el de una enseñanza tradicional bien ejecutada. Dicho de otro modo, un modelo participativo bien hecho exige del profesorado más tiempo, más formación específica y ratios más bajas que una clase magistral convencional, no menos. Esto conecta directamente con uno de los datos más preocupantes del informe en Andalucía: el altísimo porcentaje de alumnado de 15 años repetidor, que se sitúa en torno al 28,8 %, muy por encima del promedio español (22 %) y triplicando el de la OCDE (7,9 %), y la escasez crónica de profesorado y personal de apoyo. Sin plantillas suficientes, sin tiempo para la coordinación docente y sin una apuesta decidida por la formación continua del profesorado en metodologías activas bien estructuradas, es imposible pedirle al sistema educativo andaluz que dé el salto pedagógico que la propia evolución del alumnado exige.

A todo lo anterior conviene sumar una reflexión que no resta ni un ápice de gravedad a estos resultados, pero que sí debe orientar hacia dónde apunta la respuesta educativa: PISA, tal y como está diseñado, evalúa fundamentalmente capacidades de comprensión, instrucción y aplicación de conocimientos —una suerte de alfabetización funcional—, pero apenas presta atención a la capacidad del alumnado para ejercer un pensamiento crítico sobre la información que recibe: distinguir fuentes fiables de las que no lo son, detectar sesgos e intenciones, contrastar antes de dar por buena una afirmación. Esa carencia del propio instrumento de medida es especialmente preocupante en un mundo hiperinformado como el actual, en el que los bulos, la desinformación y la manipulación circulan a una velocidad sin precedentes, precisamente a través de esas mismas redes sociales y plataformas digitales de consumo fragmentado que ya identificábamos como el hábitat natural de esta generación. Mejorar la puntuación de Andalucía en PISA es urgente y necesario, pero no puede convertirse en el objetivo último de la educación pública andaluza si, mientras se persigue ese fin, se descuida dotar al alumnado de la conciencia crítica imprescindible para moverse con criterio propio en un entorno informativo cada vez más saturado y manipulable. Reducir la respuesta educativa a entrenar para un examen centrado en la instrucción, sin abordar de forma decidida la alfabetización mediática y el pensamiento crítico, resolvería solo una parte del problema, y probablemente no la más urgente de cara al futuro de nuestro alumnado como ciudadanía.

Estos datos confirman lo que se lleva años denunciando: la necesidad de aumentar las plantillas docentes y no docentes para reducir ratios, mejorar la atención del alumnado y la calidad de la enseñanza. Pero los resultados de PISA 2025 obligan a ir un paso más allá: no basta con reclamar más recursos, aunque sean absolutamente imprescindibles; hace falta también que esos recursos se traduzcan en tiempo real de formación del profesorado, en programas específicos para trabajar la comprensión lectora frente al hábito de la lectura fragmentada y el uso del móvil, y en condiciones laborales que permitan al profesorado sostener, con solidez y sin agotamiento, un modelo educativo más participativo y exigente a la vez. Y, sobre todo, no basta con perseguir mejores puntuaciones en un examen que mide sobre todo instrucción: hace falta situar en el centro del currículo y de la práctica docente la alfabetización mediática y el pensamiento crítico, para que el alumnado andaluz no solo sepa comprender un texto, sino también cuestionarlo, contrastarlo y no dejarse arrastrar por la desinformación. Solo así podrá Andalucía revertir un retroceso que, año tras año, sigue ampliando la distancia con el resto de España y con la OCDE, y formar además una ciudadanía verdaderamente crítica y preparada para el mundo que le espera.