Antonio J.
Sánchez
Hace cuatro años la Inteligencia Artificial (IA) era una
desconocida para la mayor parte de los andaluces, a excepción de círculos muy
determinados y pequeños. Desde entonces ha ido llenando portadas, noticieros,
mensajes…y hoy está en muchas conversaciones, en muchas inquietudes y en casi todas
nuestras mentes.
Durante lo que va de 2026 son además muy numerosas las
personas y las instituciones que vienen advirtiendo sobre las oportunidades,
pero también sobre las amenazas, del despliegue de la IA en todos los ámbitos
de nuestras vidas. Desde el Papa a la OCDE, desde la ONU hasta los movimientos
conservadores norteamericanos, y, paradójicamente, desde los propios creadores
de los sistemas de IA (Altman o Amodei por ejemplo), se multiplican en las
última semanas quienes llaman la atención sobre “peligros” de la IA. La mayor
parte de esas observaciones suelen contener además llamadas a actuar: desde “parar” la IA a fortalecer las
soberanías digitales de la UE o de USA; desde desarrollar marcos normativos ad
hoc hasta intervenir en su uso en la educación o entre los jóvenes…Medidas por
lo general bastante pocos concretas.
En ese escenario lleno de ebullición, expectación, inquietud
y hasta temor, la Junta de Andalucía ha creado este verano la Consejería de Inteligencia Artificial,
Desarrollo Digital y Administración Pública y, por decreto 203/2026 de 30 de
julio, ha establecido su estructura.
Su creación provocó cierta expectación, como si Andalucía se
animara, mediante lo dispuesto en ese decreto, a ser un agente activo en el
diseño y en la búsqueda de soluciones para el aprovechamiento de las
oportunidades y la neutralización de las amenazas que se le atribuye a la IA.
Tareas no le deberán faltar donde intervenir para un mejor futuro: fomento de
empresas especializadas en ese ámbito; impulso de conocimientos específicos
para facilitar que personas y entidades andaluzas puedan liderar soluciones e
implantaciones exitosas; adopción de pautas e iniciativas en el ámbito
educativo para prevenir riesgos; regulación a favor de la protección de la
privacidad, integración de soluciones IA en campos tan maltrechos como la salud,
la educación, los cuidados, la justicia…
Pero cuando se abre el BOJA encontramos una sorpresa inesperada:
la IA no aparece por ningún sitio en el cuerpo de esa flamante Consejería,
salvo en su nombre (Viceconsejería, Secretarías Generales, Direcciones
Generales… todas ellas sin atribuciones en esta materia); suena a
incomprensible pero eso es lo que pone el Boletín Oficial de la Junta.
La Consejería relega todo cuanto tiene que ver con la IA –y
cuando digo todo es todo- al campo competencial de la Agencia Digital de
Andalucía, que reporta directamente a la persona titular de la Consejería. Y
¿qué problema hay en ello? Pues que esa Agencia, con naturaleza jurídica de
Agencia Administrativa, es, por su misma naturaleza, un ente instrumental y,
como ente instrumental carece de competencias para diseñar políticas,
estrategias…en el ámbito de actuación que tiene señalado.
Así lo dice claramente la Ley 9/2007 de la Administración
andaluza, que determina el campo de acción de este tipo de Agencias, en
particular en su artº 65:
1. Las agencias administrativas son
entidades públicas que se rigen por el Derecho Administrativo, a las que se
atribuye, en ejecución de programas
específicos de la actividad de una Consejería, la realización de
actividades de promoción, prestacionales, de gestión de servicios públicos y
otras actividades administrativas.
3. Las agencias administrativas se
adscriben a una Consejería, a la que corresponde la dirección estratégica, la evaluación y el control de los resultados
de su actividad en los términos previstos en el artículo 63 de esta Ley….
Entonces, ¿cómo va a llevar a cabo esa dirección estratégica
una Consejería que carece del menor equipo para formular esa estrategia? ¿Que
requiere una sólida e indiscutida posición institucional al intervenir en
materias que se extienden por todos los campos competenciales de la propia
Junta? y ¿Qué puede significar este extraño modo de fijar la atención institucional
pública sobre la IA?
Quizá pueda significar que el Gobierno andaluz no sabe de lo
que está hablando cuando se refiere a una Agencia. Y se ha equivocado en esa
atribución de funciones a una Agencia Administrativa, aquellos “chiringuitos”
que tanto achacó el PP a la Junta del PSOE en la década pasada.
Puede ocurrir también, lo que no sería menos inquietante y
muestra de una llamativa ignorancia, el que los autores de esas atribuciones
competenciales vean la IA como en el pasado se veía el uso de ordenadores o la
habilitación en competencias digitales (correo electrónico, ofimática…).
Instrumentos y equipos cuyo uso debe ser alentado. Una grave ignorancia
también.
Pero puede significar algo mucho más importante: la Junta no
se ha dado cuenta de la extrema relevancia que tiene la IA en estos momentos, y
la que va a tener a corto y medio plazo al menos, trastocando sociedades,
instituciones, empleos, capacitaciones… Si así fuera el desenfoque competencial
con que se resuelve la atención a la IA adquiere una trascendencia política que
convendría subsanar con rapidez.
Porque las anómalas disfunciones que la pobre asignación
competencial crea, malamente puede justificarse señalando que la ADA sabe lo
que ha de hacer: llevar a cabo lo previsto en la Estrategia Andaluza de IA 2030.
Esa Estrategia es una manifestación programática, aprobada en el ya lejano 2023,
que en poco se distingue de la avalancha de documentos similares aprobados en
esas fechas en otras regiones, y que hace referencia a un tiempo y a unas
situaciones que nada tienen que ver con lo que hoy representa y expresa la IA.
Si eso es lo único que ha de hacer la ADA, son muchos los huecos por cubrir,
máxime cuando una Agencia Administrativa carece de competencias para imponer a
otras Consejerías sus decisiones sobre las materias que a aquellas les
corresponden.
Si se quiere que esa Consejería, tan ampulosamente
bautizada, sea algo más que una caja de cartón piedra sin incidencia alguna en
un ámbito tan crucial hoy como la IA, con incidencia en todos los campos de las
políticas públicas y en la propia configuración de la administración andaluza, quizás
fuera conveniente reconducir el rumbo de la Junta en ese asunto, atribuyendo
las responsabilidades sobre las políticas en esa materia a niveles directivos
más relevantes y, por supuesto, con conocimientos en tales materias.
