Luis Miguel Jiménez Gómez
Economista jubilado y escritor
Acabamos de conocer el informe de
fiscalización (JA 09/2025) de la Cámara de Cuentas de Andalucía del pasado 15
de septiembre, que trata sobre la sustitución del control previo por el control
financiero permanente en diversos ámbitos del sector público de competencia
de la Junta de Andalucía. El ámbito temporal de su fiscalización alcanza cinco
ejercicios, de 2020 a 2024.
Antes de adentrarnos en su análisis
y conclusiones es necesario recordar que el control interno es competencia de
la Intervención General de la Junta de Andalucía y tiene el cometido principal
de comprobar que el funcionamiento del sector público se ajusta al ordenamiento
jurídico y a los principios de legalidad, eficacia, economía, eficiencia y
buena gestión. Dichas comprobaciones pueden ser realizadas conforme a dos
modalidades: a) el control previo, también conocida como fiscalización previa,
anterior a contraer obligaciones económicas, el que es realizado ex ante y, en
consecuencia, tiene carácter suspensivo, impidiendo realizar la actuación y b)
el control financiero posterior, que es ex post y no tiene tal carácter
suspensivo.
También debe decirse que la
normativa vigente contempla determinados supuestos en los que el control
previo puede ser sustituido por el financiero posterior, pero siempre
mediando el correspondiente acuerdo del Consejo de Gobierno que debe
incluir necesariamente la motivación que justifica tal decisión.
Pues bien, en estos cinco ejercicios
la presidencia del señor Moreno Bonilla ha adoptado 22 acuerdos de sustitución
del control previo por el financiero posterior, de los que 17 tenían como argumento
principal la agilización de la tramitación de los expedientes y conseguir una
mayor eficacia en la gestión, pero que han sido aprobados sin una
delimitación temporal de su vigencia, ni una cuantificación global de los
importes presupuestarios afectados, con unas motivaciones genéricas y no
acompañándose de criterios o indicadores adecuados para valorar la idoneidad de
la decisión adoptada.
Igualmente es conveniente advertir
de antemano que dicha sustitución ha afectado a áreas de gestión especialmente
sensibles, tales como son el SAS, determinados gastos de personal y líneas de
ayudas y subvenciones de carácter educativo y social. Según el informe, la
cuantía afectada en la fiscalización alcanza al menos los 38.000 millones de
euros.
Dicho lo anterior es hora de
exponerles sucintamente las principales conclusiones:
●
Del total de los informes emitidos
por la IGJA bajo tal formato de control financiero posterior solo el 6,38%
fueron favorables. El 71,28% presentaban salvedades a juicio de esta y un
22,34% merecieron su desfavorable opinión.
●
Predominan los incumplimientos en
materia de contratación, destacando con cierta habitualidad la práctica de
fraccionar los contratos mediante la fórmula de contratos menores.
●
También tiene relevancia que las
razones por las que se decide practicar el contrato menor y que justifican la
necesidad de emitir previamente el informe al que se refiere el art. 118 de la
LCSP, suele ser posterior incluso a su ejecución.
● Respecto de las ayudas y subvenciones el panorama es desolador: en el 94,44% de los casos analizados se dan incumplimientos en
la fase de instrucción y concesión, en el 88,89% en la justificación y pago, y
en el 72,22% respecto de las condiciones impuestas a los beneficiarios.
Cuando he terminado de leerlo debo
confesarles que me he sentido afectado porque me ha reavivado los rescoldos que
aún guardo de aquellos pronunciamientos judiciales que tuvieron como causa
principal los ERE en Andalucía y que, siguiendo el argumento judicial
expuesto en distintas sentencias dictadas por la Audiencia de Sevilla y el
Tribunal Supremo, basaron sus fallos condenatorios en que el Consejo de
Gobierno ideo un cambio para la Agencia IDEA (de entonces), similar al que
ahora han adoptado, a sabiendas de que relajaba de manera premeditada el
control previo.
Que de haberse mantenido así habría podido evitar la importante fuga de fondos
por una actuación ex ante de los interventores.
Entonces, ¿y ahora qué? ¿Qué hemos
aprendido de aquello? ¿Nada?
Creo que esto no puede quedar ahí,
es urgente ir más allá, saber qué hay detrás de tales incumplimientos, si se ha
vulnerado o no la jurisprudencia existente en materia de fraccionamiento de
contratos y la eventual aplicación del art. 404 del CP en cuanto al delito de
prevaricación, de la posible malversación de caudales consecuencia del
anterior, si se han dado supuestos de tráfico de influencias en la adjudicación
de dichos contratos o concesión de las ayudas, o fraudes por falta de
objetividad en los precios aplicados. En definitiva, hay que reclamar
transparencia.
Por eso ahora toca pedir
explicaciones a quienes gestionan de esta manera, porque son los mismos que
entonces denunciaron la causa de los ERE y las ayudas sociolaborales y desde el
ejercicio de la acusación particular consiguieron apuntalar el referido
argumento en esas instancias judiciales. Porque entonces predicaban (criticando)
y ahora no dan ejemplo (hacen lo mismo).
Mientras no las den estimo
necesario apelar a la coherencia, en todos los órdenes, también en la
política. Ya nos dijo San Francisco de Asís que «predicar con el ejemplo es la
única forma de predicar», que el valor radica en actuar conforme a lo que uno
piensa.
También vendría al caso aquel otro
argumento de autoridad atribuido A. Einstein que nos dice que aquello de «dar
ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única
manera».
