Los recursos, la brecha invisible de nuestros centros educativos
Carlos
Gentil González
Hay
una idea que solemos dar por hecha cuando hablamos de educación pública: que
los centros con más dificultades reciben, lógicamente, más apoyo. Un colegio en
un barrio con alta tasa de desempleo, familias en situación de vulnerabilidad o
un porcentaje elevado de alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo debería contar, se supone, con más orientadores, más profesorado de
apoyo, más recursos materiales y humanos que uno situado en una zona acomodada
donde esas necesidades son mucho menores.
La
realidad, sin embargo, es bastante más terca que la lógica. En Andalucía, el
reparto de recursos entre centros educativos no siempre —ni siquiera con
frecuencia— se ajusta al nivel real de complejidad social que cada uno debe
afrontar. Y esa desconexión entre necesidad y dotación no es un detalle
administrativo menor: es uno de los mecanismos silenciosos que perpetúan la
desigualdad educativa en nuestra comunidad.
Los
centros educativos andaluces no son homogéneos. Ni en el alumnado que reciben,
ni en el contexto socioeconómico que los rodea, ni en los retos que enfrentan
cada mañana antes de que suene el primer timbre. Sin embargo, buena parte de
los criterios que determinan cuántos docentes de apoyo, orientadores, plazas de
Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje tiene un centro se basan todavía en
ratios generales —número de unidades, número de alumnado total— más que en
indicadores finos de vulnerabilidad social.
Esto
genera una paradoja: dos centros con la misma cantidad de líneas educativas
pueden recibir una dotación de recursos muy similar, aunque uno escolarice a un
porcentaje mucho mayor de alumnado en riesgo de exclusión social, con
absentismo, con necesidades educativas especiales sin diagnosticar o en
contextos familiares muy desestructurados, y el otro no.
Existen,
sí, instrumentos pensados para corregir esta situación —como los programas de
compensación educativa o la calificación de determinados centros como de
"actuación educativa preferente"—, pero su cobertura es limitada, sus
criterios de acceso no siempre están actualizados a la realidad cambiante de
los barrios, y en muchos casos los recursos adicionales que aportan resultan
insuficientes frente a la magnitud del reto.
Este
problema no puede entenderse de forma aislada. Convive con otro fenómeno bien
documentado: la segregación escolar, es decir, la concentración desigual de
alumnado vulnerable en determinados centros —mayoritariamente públicos—
mientras otros, con procesos de admisión menos permeables a la diversidad
social, quedan relativamente al margen de esa complejidad.
Cuando
esa concentración de dificultades no viene acompañada de una concentración
equivalente de recursos, el resultado es previsible: los centros que más
necesitan apoyo son, con frecuencia, los que deben hacer más con menos. Un
profesorado que atiende aulas con alta diversidad de necesidades, sin el
refuerzo suficiente, termina absorbiendo una carga que el sistema no está
compensando adecuadamente. Y el alumnado que más necesitaría una atención
individualizada es, precisamente, el que menos probabilidades tiene de
recibirla en la proporción que su situación exige.
Hablar
de "desigualdad educativa" puede sonar a concepto de informe técnico,
pero sus efectos son muy concretos: tasas de abandono escolar más altas en
determinados entornos, resultados académicos sistemáticamente peores en ciertos
centros año tras año, menor proporción de alumnado que continúa hacia estudios
postobligatorios, y una brecha que, lejos de reducirse, tiende a cronificarse
porque el centro que hoy tiene dificultades para atender a su alumnado seguirá
teniéndolas mañana si el reparto de recursos no cambia.
Además,
esta desconexión entre necesidad y dotación tiene un efecto colateral
importante sobre el propio profesorado: los equipos docentes de los centros con
mayor complejidad social suelen sufrir más rotación, con docentes que llegan
mediante el sistema de provisión de vacantes, permanecen pocos cursos y se
marchan en cuanto pueden, dificultando la continuidad de proyectos pedagógicos
a largo plazo precisamente en los centros donde esa estabilidad sería más
valiosa.
No
se trata de repartir recursos "por igual", sino de repartirlos con
equidad, que es un principio distinto: dar más a quien más lo necesita para que
todo el alumnado tenga, de partida, oportunidades comparables. Esto implicaría,
entre otras cosas:
- Indicadores
socioeducativos actualizados y dinámicos que reflejen la realidad cambiante de cada zona, no
fotografías fijas de hace una década.
- Dotación
de plantillas y perfiles de apoyo (orientación, PT, AL, educación social)
proporcional a la complejidad real, no solo al número de unidades.
- Incentivos
reales de estabilidad
para el profesorado que trabaja en centros de alta complejidad, más allá
del reconocimiento simbólico.
- Revisión
de los criterios de admisión y escolarización para evitar que la libre
elección de centro se traduzca, en la práctica, en una concentración
creciente de la vulnerabilidad en determinados espacios.
Quizá
lo más importante de este debate es recordar que esta desigualdad no es un
fenómeno natural ni inevitable: es, en buena medida, el resultado de decisiones
administrativas y de modelos de asignación de recursos que pueden revisarse. Si
los recursos con que cuenta cada centro no guardan relación con la complejidad
social que debe atender, no estamos ante un simple desajuste técnico, sino ante
una forma estructural de reproducir desigualdad desde dentro del propio sistema
que, en teoría, debería corregirla.
Andalucía
tiene centros extraordinarios trabajando en condiciones muy difíciles, con
equipos docentes comprometidos que hacen mucho más de lo que sus recursos
permiten. Pero confiar la equidad educativa al voluntarismo del profesorado no
es una política pública: es, como mucho, un parche. La verdadera transformación
pasa por alinear, de una vez, los recursos con las necesidades reales de cada
centro y de cada comunidad educativa.

