Los recursos, la brecha invisible de nuestros centros educativos






Los recursos, la brecha invisible de nuestros centros educativos

Carlos Gentil González

Hay una idea que solemos dar por hecha cuando hablamos de educación pública: que los centros con más dificultades reciben, lógicamente, más apoyo. Un colegio en un barrio con alta tasa de desempleo, familias en situación de vulnerabilidad o un porcentaje elevado de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo debería contar, se supone, con más orientadores, más profesorado de apoyo, más recursos materiales y humanos que uno situado en una zona acomodada donde esas necesidades son mucho menores.

La realidad, sin embargo, es bastante más terca que la lógica. En Andalucía, el reparto de recursos entre centros educativos no siempre —ni siquiera con frecuencia— se ajusta al nivel real de complejidad social que cada uno debe afrontar. Y esa desconexión entre necesidad y dotación no es un detalle administrativo menor: es uno de los mecanismos silenciosos que perpetúan la desigualdad educativa en nuestra comunidad.

Los centros educativos andaluces no son homogéneos. Ni en el alumnado que reciben, ni en el contexto socioeconómico que los rodea, ni en los retos que enfrentan cada mañana antes de que suene el primer timbre. Sin embargo, buena parte de los criterios que determinan cuántos docentes de apoyo, orientadores, plazas de Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje tiene un centro se basan todavía en ratios generales —número de unidades, número de alumnado total— más que en indicadores finos de vulnerabilidad social.

Esto genera una paradoja: dos centros con la misma cantidad de líneas educativas pueden recibir una dotación de recursos muy similar, aunque uno escolarice a un porcentaje mucho mayor de alumnado en riesgo de exclusión social, con absentismo, con necesidades educativas especiales sin diagnosticar o en contextos familiares muy desestructurados, y el otro no.

Existen, sí, instrumentos pensados para corregir esta situación —como los programas de compensación educativa o la calificación de determinados centros como de "actuación educativa preferente"—, pero su cobertura es limitada, sus criterios de acceso no siempre están actualizados a la realidad cambiante de los barrios, y en muchos casos los recursos adicionales que aportan resultan insuficientes frente a la magnitud del reto.

Este problema no puede entenderse de forma aislada. Convive con otro fenómeno bien documentado: la segregación escolar, es decir, la concentración desigual de alumnado vulnerable en determinados centros —mayoritariamente públicos— mientras otros, con procesos de admisión menos permeables a la diversidad social, quedan relativamente al margen de esa complejidad.

Cuando esa concentración de dificultades no viene acompañada de una concentración equivalente de recursos, el resultado es previsible: los centros que más necesitan apoyo son, con frecuencia, los que deben hacer más con menos. Un profesorado que atiende aulas con alta diversidad de necesidades, sin el refuerzo suficiente, termina absorbiendo una carga que el sistema no está compensando adecuadamente. Y el alumnado que más necesitaría una atención individualizada es, precisamente, el que menos probabilidades tiene de recibirla en la proporción que su situación exige.

Hablar de "desigualdad educativa" puede sonar a concepto de informe técnico, pero sus efectos son muy concretos: tasas de abandono escolar más altas en determinados entornos, resultados académicos sistemáticamente peores en ciertos centros año tras año, menor proporción de alumnado que continúa hacia estudios postobligatorios, y una brecha que, lejos de reducirse, tiende a cronificarse porque el centro que hoy tiene dificultades para atender a su alumnado seguirá teniéndolas mañana si el reparto de recursos no cambia.

Además, esta desconexión entre necesidad y dotación tiene un efecto colateral importante sobre el propio profesorado: los equipos docentes de los centros con mayor complejidad social suelen sufrir más rotación, con docentes que llegan mediante el sistema de provisión de vacantes, permanecen pocos cursos y se marchan en cuanto pueden, dificultando la continuidad de proyectos pedagógicos a largo plazo precisamente en los centros donde esa estabilidad sería más valiosa.

No se trata de repartir recursos "por igual", sino de repartirlos con equidad, que es un principio distinto: dar más a quien más lo necesita para que todo el alumnado tenga, de partida, oportunidades comparables. Esto implicaría, entre otras cosas:

  • Indicadores socioeducativos actualizados y dinámicos que reflejen la realidad cambiante de cada zona, no fotografías fijas de hace una década.
  • Dotación de plantillas y perfiles de apoyo (orientación, PT, AL, educación social) proporcional a la complejidad real, no solo al número de unidades.
  • Incentivos reales de estabilidad para el profesorado que trabaja en centros de alta complejidad, más allá del reconocimiento simbólico.
  • Revisión de los criterios de admisión y escolarización para evitar que la libre elección de centro se traduzca, en la práctica, en una concentración creciente de la vulnerabilidad en determinados espacios.

Quizá lo más importante de este debate es recordar que esta desigualdad no es un fenómeno natural ni inevitable: es, en buena medida, el resultado de decisiones administrativas y de modelos de asignación de recursos que pueden revisarse. Si los recursos con que cuenta cada centro no guardan relación con la complejidad social que debe atender, no estamos ante un simple desajuste técnico, sino ante una forma estructural de reproducir desigualdad desde dentro del propio sistema que, en teoría, debería corregirla.

Andalucía tiene centros extraordinarios trabajando en condiciones muy difíciles, con equipos docentes comprometidos que hacen mucho más de lo que sus recursos permiten. Pero confiar la equidad educativa al voluntarismo del profesorado no es una política pública: es, como mucho, un parche. La verdadera transformación pasa por alinear, de una vez, los recursos con las necesidades reales de cada centro y de cada comunidad educativa.