22/08/2026
Hay una paradoja que cuesta digerir: Andalucía cuenta
con los presupuestos autonómicos más altos de su historia, y aun así sus
universidades públicas cierran el año con números rojos. En 2025, el sistema
universitario andaluz acumuló un déficit ajustado consolidado de 44 millones de
euros. No es un problema de mala gestión de los campus. Es, según denuncian
rectorados, sindicatos y plataformas estudiantiles, el resultado de una
estrategia presupuestaria deliberadamente restrictiva por parte de la Junta de
Andalucía.
Vayamos por partes, porque el deterioro tiene varias
capas y todas apuntan en la misma dirección: 44
M € Déficit consolidado 2025; 50,2
M € Deuda salarial acumulada; 500 M € Déficit de inversión anual
(LOSU)
En septiembre de 2023 se firmó el modelo de
financiación universitaria 2023-2027, con una cláusula que parecía blindar a
las universidades: la administración se comprometía a mantener la financiación
del año anterior, incrementada con las subidas salariales que el Estado
aprobara (por ejemplo, ese 2,5% adicional en gasto de personal). Era, sobre el
papel, una garantía de estabilidad.
En la práctica, ese compromiso se ha incumplido por
completo. El resultado es una deuda técnica de 50,2 millones de euros, generada
porque la Junta no ha abonado los complementos autonómicos del personal docente
e investigador (PDI) ni ha dotado de fondos la carrera horizontal del personal
técnico, de gestión y administración (PTGAS).
¿Y quién paga esa factura mientras tanto? Las propias
universidades, que han tenido que tirar de sus remanentes —sus ahorros para
inversión y funcionamiento— para cubrir nóminas que, por ley, le corresponden a
la administración autonómica. Es, en la práctica, un trasvase silencioso de la
carga financiera desde la Junta hacia los balances universitarios.
El problema no es nuevo, pero se ha ido enquistando
desde 2019. Tomado en su conjunto, el sistema universitario andaluz presenta
síntomas inequívocos de descapitalización: pérdida sostenida de poder
adquisitivo, un desfase crónico frente a los estándares legales de inversión y
una contabilidad que maquilla la magnitud real del problema.
●
Pérdida de poder
adquisitivo: el presupuesto universitario crecerá un 2,8% en 2026, mientras la
inflación interanual rozaba ya el 3,5% en marzo de ese año. En términos reales,
las universidades pierden capacidad de compra en cada ejercicio.
●
Brecha
estructural de inversión: la inversión actual apenas alcanza el 0,76% del PIB
regional, muy por debajo del 1% que exige la Ley Orgánica del Sistema
Universitario (LOSU). Esa diferencia equivale a más de 500 millones de euros
anuales que faltan para cumplir los objetivos de sostenibilidad marcados para
2030.
●
Ingeniería
contable: la Junta ha contabilizado 20 millones de euros de remanentes propios
de las universidades —sus propios ahorros— como si fueran inversión pública
nueva, un maquillaje que oculta una pérdida acumulada de 200 millones de euros
en financiación básica desde 2019.
El resultado agregado es un sistema que, pese a operar
con presupuestos autonómicos en máximos históricos, arrastra un déficit
consolidado de 44 millones de euros en 2025 y una brecha de financiación por
alumno muy por debajo de los estándares nacionales y europeos. No se trata de
casos aislados de mala planificación en uno u otro campus: es un patrón
sistémico, que afecta por igual a universidades grandes y pequeñas, y que
—según advierten las propias instituciones— se agravará sensiblemente en 2026
si no cambia el rumbo presupuestario.
Aquí es donde el diagnóstico deja de ser solo
financiero y se vuelve, sobre todo, político. La asfixia presupuestaria de la
universidad pública no ocurre en el vacío: coincide, en el tiempo y en el
espacio, con una desregulación acelerada del sector privado. Y esa
simultaneidad no es casual, es la clave para entender el modelo de educación
superior que se está construyendo en Andalucía.
Mientras las universidades públicas recortan
departamentos, congelan infraestructuras y arrastran remanentes de tesorería
negativos, la Junta ha autorizado la creación de cuatro nuevas universidades
privadas en apenas diez meses, pasando de 1 a 5 centros privados en la región
—entre ellas, la implantación de la Universidad de Comillas en Sevilla. Ningún
otro sector de la administración autonómica ha crecido a ese ritmo en tan poco
tiempo.
El contraste es elocuente: la velocidad con la que se
conceden nuevas licencias privadas no tiene equivalente en la velocidad con la
que se resuelven los impagos, se cumple la cláusula de salvaguarda o se cierra
la brecha de inversión exigida por la LOSU. Un sistema público que tarda años
en recibir lo que se le debe convive con un sector privado que se expande en
cuestión de meses.
El indicador más revelador de hacia dónde se dirige el
sistema es este: las instituciones privadas ya captan el 50,3% del alumnado de
máster en Andalucía. No es un dato menor ni aislado. El posgrado es,
precisamente, el segmento más lucrativo y menos regulado de la educación
superior, y su captura mayoritaria por parte del sector privado funciona como
un indicador adelantado de hacia dónde avanza el conjunto del sistema si no se
revierte la tendencia: primero el máster, después —advierten rectorados y plataformas
estudiantiles— el grado.
Esta “canibalización” no responde a que la oferta
pública sea peor. Responde a que la oferta pública está siendo deliberadamente
debilitada: menos grupos, menos plazas, menos inversión en infraestructuras y
equipamiento, y una incertidumbre financiera crónica que dificulta la
planificación académica a medio plazo. Cada recorte en lo público es, en la
práctica, un incentivo adicional para que la demanda se desplace hacia lo
privado.
La convergencia hacia el modelo madrileño de educación
superior no es una hipótesis lejana, sino el horizonte explícito de esta
estrategia. Ese modelo implica la consolidación de un sistema de cuotas que va
de los 10.000 a los 25.000 euros anuales, una cifra que sitúa a la universidad
privada fuera del alcance de la inmensa mayoría de las familias andaluzas y
que, por contraste, empuja a quienes no pueden pagarlas hacia una universidad
pública cada vez más precarizada.
El efecto último de esta dinámica es la fractura de la
equidad: la universidad deja de funcionar como mecanismo de ascensor social —el
lugar donde el mérito y el esfuerzo pesan más que el origen socioeconómico— y
pasa a organizarse según una lógica de mercado marcadamente elitista, en la que
el acceso a una formación de calidad depende, cada vez más, de la capacidad
económica de cada familia.
Frente a este escenario, la reacción institucional y
social no se ha hecho esperar. La nueva Ley Universitaria Andaluza (LUPA) de
2026 ha sido rechazada de forma unánime por los rectores andaluces, que
denuncian su carácter intervencionista, especialmente por la figura de los
“interventores” externos, una medida que consideran contraria al artículo 27.10
de la Constitución, el que garantiza la autonomía universitaria.
En paralelo, PDI, PTGAS y estudiantes se han unido en
movilizaciones masivas —las más visibles, el 29 de abril y el 23 de junio— para
denunciar lo que describen como un desmantelamiento programado del servicio
público. Se ha abierto además una Comisión Técnica con el consejero Jorge
Paradela, y las universidades han condicionado frenar la vía judicial a que se
traduzca en resultados concretos en los presupuestos de 2027.
El diagnóstico que se desprende de todos estos datos
es claro: sin una inyección presupuestaria real y sin que la Junta cumpla la
cláusula de salvaguarda que ella misma firmó, el sistema universitario público
andaluz corre el riesgo de un colapso financiero y operativo antes de que
termine el ciclo 2026. Lo que está en juego no es solo el equilibrio contable
de un puñado de instituciones, sino el modelo de universidad pública, accesible
y de calidad que Andalucía ha construido durante décadas, y su sustitución
progresiva por un sistema de mercado que deja fuera a quienes no pueden
pagarlo.